martes, 18 de xuño de 2013

DECLARACIÓN DE LA COMISION EJECUTIVA Y DE LOS SECRETARIOS Y SECRETARIAS GENERALES DE LAS ESTRUCTURAS CONFEDERALES DE CCOO

"Ante el debate abierto por el informe  de los expertos sobre pensiones"

La Comisión Ejecutiva Confederal, y los secretarios y secretarias generales de  las estructuras confederales de CCOO, en la reunión celebrada hoy, 11 de junio, han  analizado el Informe de los Expertos sobre el “Factor de sostenibilidad del sistema  público de pensiones” y la situación creada ante la votación favorable al mismo del  experto vinculado a CCOO. La Confederación Sindical de CCOO es consciente del  desconcierto que tal situación está generando entre la opinión pública y nuestros  afiliados y afiliadas, y ha acordado emitir la siguiente declaración:


1.- El informe de los expertos no recoge la  posición de CCOO sobre el futuro de las pensiones y en ningún caso nos sentimos vinculados a él.

El Gobierno planteó la presencia del coordinador del  Gabinete Económico de CCOO, por ser una persona  de reconocido prestigio en materia de pensiones  y hacienda pública y no como representante del  sindicato. La dirección del sindicato autorizó su  presencia por considerar que era conveniente que  en la citada comisión hubiese la mayor pluralidad  posible, y con ello evitar posiciones cerradas por  parte de los expertos, que dificultasen cualquier  negociación posterior.

Su participación ha permitido que se abandonase la idea inicial de cambiar sustancialmente la
naturaleza de nuestro sistema de reparto, que se  plantee que la viabilidad del sistema se puede garantizar por la vía de la mejora de los ingresos, y  que la decisión recaiga en el ámbito de la política  una vez activada la negociación en la comisión  parlamentaria conocida como Pacto de Toledo y  en el diálogo social.

No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en  una comisión profundamente desequilibrada  y que podía nacer condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014,  cuando en la ley vigente esta posibilidad se  contempla para el año 2032. 

Es por esta razón que la Dirección Confederal desea afirmar con rotundidad que en  este informe no está recogida la posición  del sindicato y que, en consecuencia, no nos  sentimos reflejados ni vinculados a él.

2.- La reforma que promueve el Gobierno no  es necesaria

2.1.- La nueva Ley de Seguridad Social vigente  desde hace apenas cinco meses y fruto de los 
acuerdos suscritos en febrero de 2011 ya aborda  mecanismos para garantizar la sostenibilidad del 
sistema, y en concreto prevé la determinación del  factor de sostenibilidad para el período 2027-
2032 para empezar a aplicarse a partir de esta  fecha.

CCOO considera que las dificultades por las que  ahora atraviesa nuestro sistema, que han obligado a recurrir al Fondo de Reserva, se deben  a la destrucción de empleo que provoca la crisis  y el modelo productivo español, que además se  ve agravada por las políticas laborales llevadas a  cabo por los sucesivos Gobiernos (reforma laboral,  depresión de los salarios, congelación del salario  mínimo, congelación de las pensiones,…) lo que  provoca una reducción drástica del número de  cotizantes y de las bases de cotización; a su vez,  supone una caída significativa de los ingresos a  las arcas de la Seguridad Social. Esta circunstancia, como ya hemos planteado, puede superarse  incrementando temporalmente las cotizaciones o  los recursos públicos destinados a la Seguridad  Social.

Por tanto, no está justificado que circunstancias  coyunturales se utilicen como excusa para promover un nuevo y sustancial cambio estructural  de nuestro sistema público de pensiones. La verdadera razón que mueve al Gobierno a plantear  ahora esta reforma es satisfacer las demandas  de la Comisión Europea en cumplimiento de las  condiciones del rescate al sistema financiero.

2.2.- CCOO en ningún caso avalará medidas  que supongan una reducción de las pensiones 
presentes y futuras. 

En consecuencia, desde el compromiso con el  sistema de pensiones y la necesidad de adaptar el
mismo de forma consensuada a las necesidades  que presenta, cuestionamos que se tenga que
introducir, sin respetar los términos contemplados  en la legislación vigente, un nuevo elemento para  el cálculo de la pensión y que este esté asociado  a la “esperanza de vida”. Igualmente cuestionamos que la revalorización de las pensiones deje  de estar referenciada a la evolución del IPC y que  se deje sin efectos la Ley que contempla el citado  principio.

2.3.- CCOO siempre ha estado comprometida  con la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones como hemos demostrado  suscribiendo todos los acuerdos que se han  negociado hasta la fecha, pero recuerda que  con esa finalidad, hemos propuesto incrementar los ingresos a la Seguridad Social, y  descargar a esta de gastos que le corresponde asumir a los PGE

Es indispensable tener presente que estamos tres  puntos y medio del PIB en gasto en pensiones por  debajo de la media de los países de nuestro entorno. Mientras en España gastamos un 10% del PIB  la media europea se sitúa en el 13,5.

Junto al incremento de ingresos que nos equiparasen a la media europea, tradicionalmente hemos venido planteando medidas de incremento de  la contributividad en el sistema, más solidaridad,
mayor equidad en las prestaciones, mejor protección social de amplios colectivos infraprotegidos
y mayor control de comportamientos inadecuados  (fraude y elusión de obligaciones).

En todo caso CCOO reitera que la mejor garantía  de futuro para nuestro sistema es estimular la
creación de empleo así como su calidad, empezando por incrementar el salario mínimo interprofesional.

3.- CCOO emplaza al Gobierno a concretar la  propuesta que someterá a consideración del 
Pacto de Toledo y del diálogo social.

Ya hemos conocido el dictamen de los expertos pero cabe recordar, como ellos mismos reclaman,  que corresponde a la política tomar las decisiones.  Para ello sería necesario haber dejado tiempo suficiente para evaluar los resultados prácticos de las potencialidades de las medidas que contempla  la presente legislación.

En todo caso, nadie puede pretender abordar ningún proceso de diálogo, si no es una vez conocida
la posición que va a plantear el Gobierno. Es por esta razón, y para superar la incertidumbre
que cunde entre la ciudadanía, que CCOO emplaza al Gobierno a que cuanto antes dé a conocer su  propuesta para el diálogo político y social.



Madrid, 11 de junio de 2013